EL GOBIERNO INDULTA A ALFREDO SANZ
Alfredo Sáenz podrá seguir sin ningún problema como número dos del Banco Santander. El Consejo de Ministros en funciones, en una de sus últimas reuniones antes de que tome el poder el PP, decidió indultarle parcialmente. Le conmutó la pena de tres meses de arresto y la inhabilitación para gestionar entidades financieras que le había impuesto el Tribunal Supremo por una causa que se remonta a 1994, cuando era presidente de Banesto. Se trata de una denuncia falsa presentada por la entidad, a sabiendas de Sáenz, contra cuatro empresarios catalanes a los que pretendía cobrar un crédito impagado de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros). El juez Pascual Estevill admitió a trámite la denuncia de Banesto y mandó a prisión a los cuatro industriales, lo que derivó finalmente en la condena del juez por prevaricación y detención ilegal en 1996.
La condena de Sáenz, de la que se mantiene únicamente una multa de 6.000 euros, era mínima (apenas tres meses de arresto por los que nunca hubiera ido a la cárcel), pero la trascendencia era muy grande, debido a que conllevaba también la pena de inhabilitación. De no haberse decretado el indulto, existían muchas posibilidades de que hubiera tenido que abandonar el banco, ya que la única alternativa que le quedaba era que el Tribunal Constitucional aceptara su recurso e invalidara la sentencia condenatoria.
